La Ley N° 19.712 llamada Ley del Deporte fue publicada en el año 2001, siendo su última modificación el 16 de diciembre de 2016. Ella define el deporte como “aquella forma de actividad física que utiliza la motricidad humana como medio de desarrollo integral de las personas, y cualquier manifestación educativo-física, general o especial, realizada a través de la participación masiva, orientada a la integración social, al desarrollo comunitario, al cuidado o recuperación de su salud y a la recreación, como asimismo, aquella práctica de las formas de actividad deportiva o recreacional que utilizan la competición o espectáculo como su medio fundamental de expresión social, y que se organiza bajo condiciones reglamentadas, buscando los máximos estándares de
rendimiento”.

            Además, reconoce como deber del Estado, el crear las condiciones necesarias para el ejercicio, fomento, protección y desarrollo de las actividades físicas y deportivas, estableciendo al efecto una política nacional del deporte orientada a la consecución de tales objetivos.

            Luego, el 28 de agosto de 2013 se publica la Ley N° 20.686 que marca un hito en la materia, dado que crea el Ministerio del Deporte, constituyéndose como el órgano superior de colaboración del Presidente de la República en materias referidas a la Política Nacional del Deporte, teniendo como misión contribuir a desarrollar una cultura deportiva en el país a través del diseño y ejecución de la política nacional de actividad física y deporte, otorgando el financiamiento para la ejecución de acciones que incentiven la práctica permanente y sistemática del deporte y la actividad física en todos los sectores de la población.

Derivado de esta institucionalidad deportiva, se han generado diversos programas de actividad física y deporte destinados a la comunidad en general, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de los sectores más vulnerables y personas con necesidades especiales.

Es así, que se ha originado una Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025 que reconoce al Estado como un actor primordial en la promoción de hábitos de vida saludable en la población, la cual busca profundizar lineamientos referidos a la territorialidad, la inclusión, el enfoque de género y la participación ciudadana.

Esta política considera la práctica de la actividad física y el deporte, como derechos fundamentales con acceso garantizado a toda la población y sin discriminación alguna, dado que ambos fomentan la formación integral del ser humano, conectando a los individuos con el ambiente físico y psicosocial, durante todo el ciclo de vida.

El reconocimiento como derechos fundamentales de la actividad física y el deporte y su relevancia en el desarrollo individual y social de las personas, tiene sustento a nivel internacional en la Carta Europea del Deporte de 1992, la Declaración de Brighton de 1994, el Consejo Europeo de Niza de 2000, la Carta de Toronto para la Promoción de la Educación Física de 2010, la Declaración de Berlín de 2013, y la Carta Internacional de la Educación Física, Actividad Física y el Deporte de 2015.

En dimensión comparada, resultan de interés los modelos de gestión deportivos desarrollados por España y Colombia, que se caracterizan por su eficiencia y descentralización. En España los ciudadanos tienen derecho a exigir a los poderes públicos la prestación de servicios deportivos, es así que, en cuanto a los ayuntamientos, su Ley Reguladora de Bases, establece de forma obligatoria que aquellos municipios con una población mayor a 20.000 habitantes deben poseer instalaciones deportivas de uso público, lo que otorga a los vecinos el derecho a exigir dicha prestación. Mientras que, en Colombia, la Constitución reconoce al deporte como garantía fundamental y la Ley del Deporte establece que las partidas o ingresos con los cuales los entes departamentales y municipales contarán para la ejecución de sus planes y gestiones deportivas, los cuales contemplan recursos propios, emanados del Departamento Administrativo, recursos privados e incluso provenientes directamente del impuesto al cigarrillo.

Como desafíos para la actividad deportiva a nivel normativo y jurídico se ha vislumbrado la necesidad de promover una legislación deportiva sistematizada y de simple comprensión, que permita mejorar la institucionalidad y marco regulatorio general del deporte, entre las ideas fundamentales se encuentran:  el reconocimiento constitucional del deporte, mediante una norma en la Constitución Política de la República que reconozca al deporte como derecho fundamental; relevar a los municipios el deber de fomentar la actividad deportiva en la comuna; generar normativa que regule requisitos que deban cumplir las entidades locales al momento de prestar servicios deportivos; la existencia de normativa de asignación de recursos, democratización y descentralización en la toma de las decisiones deportivas, entre otros.